Lo que debes saber sobre la responsabilidad penal de las empresas

Las penas por incumplimiento de la ley pueden conllevar a la clausura de la empresa

La responsabilidad penal de la empresa, introducida por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica el Código Penal, afecta a cualquier empresa, sea cual sea su tamaño y entidad social. Dicha reforma obliga a todas las empresas a responder de los delitos cometidos por sus empleados en el ámbito de su organización, pudiendo, incluso, ser imputada penalmente en paralelo a la persona física causante del delito.

La responsabilidad es penal, directa y no evitable vía ninguna póliza de seguro, y sus imputaciones pueden tener consecuencias que van desde las sanciones económicas o la inhabilitación, hasta el cierre de la empresa. El abanico de los delitos perseguidos actualmente y cometidos por empleados es muy amplio, desde laborales, atenciones comerciales ilícitas, salud alimentaria, contable, medioambientales, informáticos, acoso, mobbing, etc. Asimismo, la empresa no queda eximida de su imputación aunque no haya colaborado en dichas infracciones.

responsabilidad penal de las empresas

Las penas por incumplimiento de la ley y que se pueden imponer a las personas jurídicas pueden conllevar multas, la disolución de la persona jurídica, suspensión y clausura de la actividad comercial, prohibición temporal o definitiva para la realización de la actividad empresarial, así como la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, o la intervención judicial
Actualmente, la intervención judicial por incumplimiento de la ley, se encuentra en tramitación parlamentaria y cuya entrada en vigor se prevé en abril de 2015. La reforma del código penal implicará una modificación en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableciendo:
· La existencia de un modelo de prevención de delitos puede tener efecto eximente de la responsabilidad penal.
· El contenido mínimo del modelo de prevención de delitos.
· La verificación periódica y actualización del modelo de prevención implantado.
· Responsabilidad penal de los administradores por la inexistencia o adopción de un modelo de prevención de delitos no adecuado.

Actualmente no se puede evitar la pena en la comisión del delito, pero si atenuar sus efectos: demostrando que la empresa ha sido diligente, adoptando las medidas necesarias mediante la implantación del Protocolo de Prevención de Delitos, y probando que el delito se ha cometido “a pesar” de su diligencia.

El Programa de Prevención Penal Empresarial de Conversia cuenta con los procedimientos y actuaciones necesarias para lograr que cuando se produzca el delito no haya posibilidad de imputación, o bien que ésta se aminore, para la compañía. Así como el de evitar la Responsabilidad Civil y Laboral de la compañía y de los directivos y administradores de la misma, que existe cuando se produce un delito en su seno, o realizado por uno de sus empleados.

Administradores de Fincas y Comunidades de Propietarios frente a la Ley de Protección de Datos

Las sanciones por incumplimiento de la normativa oscilan entre 900€ y 600.000€

En la mayoría de los casos, los Administradores de Fincas y las comunidades de propietarios desconocen la normativa legal, o bien tienen dificultades para cumplirla. Desde que en el año 1999, se aprobase la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), dichos colectivos están obligados al cumplimiento normativo respeto a los datos personales que recaban de dueños, inquilinos y compañías de servicio.

Obligaciones por parte del Administrador de Fincas y Comunidades de Propietarios en relación a la LOPD
Sobre ambos colectivos recae la condición de Responsables del Fichero, dado que asumen la responsabilidad de decidir sobre la finalidad, contenido y uso de los datos personales, por lo que tanto Administradores de Fincas como Comunidades de Propietarios están sujetos al cumplimiento ineludible de las siguientes obligaciones:

· Notificar la existencia de ficheros en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
· Mantener los datos actualizados.
· Garantizar el deber de información y la obtención de los respectivos consentimientos de los interesados para el tratamiento de los datos.
· Adoptar las medidas de seguridad adecuadas según el nivel de los datos.
· Guardar en todo momento el deber de secreto respecto a los datos personales y garantizar que quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento observen este mismo deber.
· Atender los derechos de las personas de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
· Redactar un Documento de Seguridad y mantenerlo siempre actualizado.

Asimismo, los Administradores de Fincas también actúan como Encargados de Tratamiento en la prestación de servicios a las Comunidades de Propietarios, por lo que deberá suscribirse un contrato de prestación de servicios entre las partes que regule el acceso a datos por cuenta de terceros.

Administradores de Fincas y Protección de Datos

Administradores de Fincas y motivos más frecuentes de sanción
En los supuestos de Propiedad Vertical, el Administrador de Fincas será el Responsable del Fichero cuando el propietario no realice tratamiento de datos (normalmente cuando es una persona física). En cambio, el Administrador de Fincas actuará como Encargado del Tratamiento, cuando realice tratamientos de datos por cuenta del Propietario (normalmente si éste es persona jurídica).

Entre los múltiples motivos de incumplimiento sancionables por la AEPD, existen tres infracciones en las que se incurre más frecuentemente por parte de los Administradores de Fincas:

1) Vulneración del deber de secreto. La LOPD establece la obligación de secreto profesional sobre los datos tratados y el deber de guardarlos. Quedando prohibida la revelación de datos a terceros. Su infracción puede incurrir en sanciones graves de hasta 300.000€

2) Tutela de derechos: El Administrador de fincas, cuando actúe como encargado de tratamiento, sólo deberá atender los ejercicios de derechos ARCO que se le dirijan, cuando así esté estipulado en el contrato de prestación de servicios, aunque tiene la obligación de dar traslado al Responsable del Fichero.

3) Contratos de prestación de servicios. El Administrador de Fincas tiene acceso a datos personales derivado de la prestación de servicios, por lo que es necesario que se formalice un contrato de prestación de servicios entre las partes.

Comunidad de Propietarios y motivos más frecuentes de sanción

La Comunidad de Propietarios dispone de acceso a distintos datos personales. Por un lado, los datos de los propietarios y, por el otro, los datos que se desprenden de terceros, como la contratación de empleados para la Comunidad.

Entre las distintas causas de incumplimiento en las que puede incurrir una Comunidad de Propietarios, existen tres que son los más frecuentemente sancionadas por la AEPD:

1) Falta de inscripción de ficheros. La LOPD establece la obligación de notificar los ficheros a la AEPD sobre los datos de los miembros de la Comunidad, así como ficheros que provengan de video-vigilancia.

2) Zonas video-vigiladas no señalizadas. La normativa de video-vigilancia exige que toda zona sometida al control mediante cámaras (independientemente de que graben o no) ha de estar debidamente señalizada. Su infracción puede incurrir en sanciones graves de 40.001€

3) Publicación de datos de vecinos morosos con la Comunidad. La Ley obliga a informar de dicha situación a los vecinos, pero evitando que terceros tengan acceso a dicha información. Por tanto, debe evitarse una costumbre muy extendida, como es colgar dicha información en tablones de los portales. Su infracción puede incurrir a sanciones graves de 1.000€

Obligaciones adicionales en Prevención del Blanqueo de Capitales

“Cambiar la cultura del miedo por un enfoque más proactivo y positivo” Juan Manuel Vega, Director del SEPBLAC

El pasado mes de mayo se aprobó el nuevo Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que comporta la regulación y definición de las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de dicha ley. Su publicación implica variaciones en algunos de los requerimientos exigidos, así como la implantación de nuevas obligaciones, para todos aquellos sujetos obligados a su cumplimiento.

El nuevo reglamento establece una serie de exenciones para determinadas categorías de sujetos obligados, a las que los éstos podrán acogerse en función de su número de trabajadores y del volumen de actividad de la empresa. De tal manera, a los sujetos obligados no financieros con menos de 10 empleados y un volumen de negocio inferior a los 2MM€ los exime de la obligación de adoptar y documentar algunas de las medidas de control interno que marca el SEPBLAC. A pesar de esto, cabe destacar que dicha tipología de empresas deben continuar observando el resto de requerimientos y de cumplir con dicha ley.

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Nuevas obligaciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales

Las nuevas obligaciones que se derivan del Reglamento de Prevención del Blanqueo de Capitales, van dirigidas a los propios sujetos, así como a quienes, como expertos, analizan el Manual y los procedimientos internos para prevenir el blanqueo de capitales. Las principales cuestiones de estos nuevos requerimientos se pueden resumir en:

Control por parte de la Agencia Tributaria
La AEAT podrá requerir y obtener información del cumplimiento de las medidas de diligencia debida.
Identificación formal de los clientes
Obligación de identificar a todo aquel que quiera realizar operaciones o negocios superiores a 1.000€.
Seguimiento continuo de la relación de negocio
Revisión periódica, mínimo anual, de la documentación obtenida para detectar la existencia de posibles riesgos y garantizar el cumplimiento de las medidas de diligencia debida.
Implantación de Medidas de Alerta
Aplicación de medidas específicas orientadas a detectar operaciones sospechosas.
Examen especial de análisis
Definición de un procedimiento estructurado de expedientes de análisis, con más trámites que impactan en la operativa de la empresa.
Análisis de riesgo como enfoque global
Todo el sistema definido por una empresa para la prevención del blanqueo de capitales, desde la fase inicial, debe estar basado en un informe de exposición de riesgo.

Por último, cabe destacar que el Servicio Ejecutivo ha establecido para esta nueva ordenación una intensa actividad supervisora en función del riesgo real, tomando en consideración el volumen de actividad de los sujetos obligados, así como las características de sus clientes y de sus operaciones. El director del SEPBLAC, Juan Manuel Vega, en recientes declaraciones ha hecho especial hincapié en “la necesidad de cambiar la cultura del miedo, por un enfoque más proactivo y positivo, centrado en la gestión de los riesgos y la responsabilidad social”.

En Conversia te ofrecemos asesoramiento en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales. La adaptación LPBC es fundamental para todos los sujetos obligados y es esencial para evitar importantes sanciones

Los retos de la protección de datos en la sociedad de la información

Internet se ha convertido en la gran revolución de la comunicación. Pero, al tiempo que esta herramienta tan poderosa se ha ido sofisticando, las amenazas contra la privacidad y la protección de los datos personales también han ido creciendo. La red está plagada de información personal, en muchos casos perteneciente al ámbito más privado pero a la que todos podemos acceder sin ninguna dificultad. Información que se perpetúa en internet con las repercusiones que la misma puede tener para las personas afectadas en el futuro (por ejemplo, acusaciones de delitos que terminaron en absolución; publicación de deudas aunque las mismas ya fueran saldadas, etc.).


protección de datos

Son muchas las voces que han reflexionado sobre este problema que plantea la libre circulación de datos en internet. Una es la del director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), José Luis Rodríguez Álvarez, que considera internet como “el ingenio tecnológico que más impacto ha tenido y está teniendo sobre la esfera privada de las personas”.

En este sentido, destacan las consecuencias positivas que conlleva esta herramienta para el desarrollo del conocimiento, pero sin olvidar la repercusión que una capacidad de almacenamiento y difusión potencialmente ilimitada de la información puede tener en la vida de los ciudadanos. A su juicio, la forma en la que se afronten estas cuestiones determinará el tipo de sociedad que construimos, “una en la que los individuos puedan desarrollarse libremente, o una en la que el recuerdo permanente y la conciencia de que todo queda registrado condicione el libre desarrollo de la personalidad”.

El cloud computing (servicios de la nube) y las cookies son algunos de los retos para la privacidad de las personas a las que la propia AEPD ha dado respuesta en dos guías, una para clientes y otra para proveedores. Pero hay más problemas en relación con la protección de datos: las redes sociales, las aplicaciones, el spam o el denominado ‘derecho al olvido’. A la espera de que la UE apruebe su Reglamento sobre Protección de Datos, previsto para este año y que regulará este derecho, la Agencia recibe cada vez más demandas de cancelación de datos personales provenientes del canal internet.

De momento, la Justicia no contempla el ‘derecho al olvido’ porque supondría una injerencia en la libertad de expresión y un ejercicio de censura por parte de un particular. En estos términos se pronunció el pasado mes de junio de 2013 el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, Niilo Jääskinen, que dio la razón a Google ante la consulta planteada por la Audiencia Nacional sobre un procedimiento iniciado por la AEPD contra el gigante norteamericano.

Para el abogado del Estado-jefe de la AEPD, Agustín Puente, este derecho es una reformulación adaptada a Internet de los tradicionales derechos de cancelación y oposición. No obstante, en su opinión es necesario analizar cada caso de forma individualizada y su aplicación no ha de afectar en ningún caso a las fuentes cuando se trata de publicaciones legítimas, sean boletines oficiales o hemerotecas.

Otro asunto preocupante es la protección de la privacidad de los menores en internet, un colectivo que en muchos casos desconoce o no conoce plenamente el valor de la privacidad y de los datos personales, y que puede resultar vulnerable ante ofertas y servicios online que son abiertos y carecen de procedimientos eficaces de verificación de la edad. Además de la responsabilidad de los padres y tutores, cada vez son más los que reclaman la existencia de protocolos en las redes sociales que protejan a este colectivo tan vulnerable.

¿El adiós a Eurovegas será también un adiós a un paraíso fiscal?

La llegada de Eurovegas a España, más concretamente a la Comunidad de Madrid, iba a traer riqueza y empleo, según las autoridades de la región. El Gobierno autonómico estaba dispuesto a dejarse la piel peleando por concesiones legales, como una suavización de la Ley Antitabaco en este espacio, para que el proyecto del multimillonario Sheldon Adelson cuajara, cosa que al final no ha sucedido. Todos los “enemigos” de Eurovegas están, pues, de enhorabuena.

Entre los contrarios al proyecto de Adelson en España estaban aquellos que veían que Eurovegas iba a traer prostitución y delincuencia. También, los hosteleros alzaron su voz por la Ley Antitabaco, cuya implantación les generó, aseguran, cuantiosas pérdidas, mientras que en Eurovegas iba a ser mucho más laxa. Y en tercer lugar, figuraban los que afirmaban que este paraíso del juego en la Comunidad de Madrid también se podía convertir en un paraíso fiscal.

no implantación de Eurovegas en Madrid

En este sentido, el pasado mes de diciembre, El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) valoraron “positivamente” que el Gobierno de España no haya cedido ante las pretensiones de Las Vegas Sands, “que entre otras peticiones pretendía que se ignorase la ley de Prevención de blanqueo de capitales en el recinto proyectado en la Comunidad de Madrid y gozar de un tratamiento fiscal permanente y privilegiado frente al resto de sectores económicos del país”, informaron en un comunicado.

Según Gestha, con la no implantación de Eurovegas en Madrid se evita la creación de una “isla normativa” en el corazón de España, que, entre otras consecuencias, hubiese permitido que cualquier jugador pudiera transferir al casino fondos para poder apostar cantidades muy elevadas a riesgo de permitir el blanqueo de capitales. Asimismo, los técnicos de Hacienda consideran que se evita constituir un “auténtico paraíso fiscal” con un régimen excepcional de tributación casi nula en los tres niveles de la Administración tributaria: nacional, autonómica y local.

“Sin embargo, Gestha lamenta que el Gobierno autonómico madrileño haya cedido a buena parte de las ocho peticiones fiscales de Adelson para allanar el desembarco de Eurovegas, como la rebaja de la tarifa aplicable a los casinos de juego, cuyos tipos oscilaban entre el 22% y el 45%, a un tipo fijo del 10%, que podría quedar en el 1% por creación y mantenimiento del empleo”, señalaban en el comunicado que emitieron el pasado diciembre.

Entre esas facilidades, según los técnicos de Hacienda, también destaca la bonificación del 95% de la cuota del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados. Estas medidas, según recuerda Gestha, fueron aprobadas tras la puesta en funcionamiento de las actividades de juego en los ‘Centros Integrados de Desarrollo’. Para esta organización, dichas ventajas fiscales “van en contra de la alta tributación del juego en el resto de países europeos, que pretenden desincentivar los juegos de azar porque tienen un impacto negativo en la sociedad, la economía y, con frecuencia, en la salud de las personas aficionadas al juego”.

Prevención de Blanqueo de Capitales from Conversia

‘Tú decides’, la campaña de la AEPD para proteger a los menores en internet

Desde el nacimiento de internet, la utilización que hacen los menores de esta herramienta de comunicación siempre ha estado sometida a un fuerte debate. Internet es para los niños y jóvenes un entorno divertido pero, al mismo tiempo, peligroso, sobre todo tras la irrupción de las redes sociales. Por eso, para concienciar a los menores sobre un uso adecuado y responsable de la información que publican en la Red, tanto propia como de terceros, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha lanzado la iniciativa ‘Tú decides’.


ciberbullying

Se trata del nuevo portal de la Agencia Tudecideseninternet.es, que configura el nuevo ‘Canal Joven’ de esta institución orientado a jóvenes de entre de 10 y 15 años y que ha sido desarrollado en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esta plataforma de consulta y apoyo, tanto para menores como para educadores, está destinada a que se eviten “situaciones de riesgo” que puedan “resultar lesivas para otros”, según ha manifestado el director de la AEPD, José Luis Rodríguez Álvarez.

La idea es que el niño decida por sí mismo y de forma responsable, y que no tenga la sensación de que un grupo de adultos le dice lo que tiene que hacer. El proyecto consta de una parte, dirigida a los menores, y otra para los educadores, con fichas didácticas para impartir en clase. En la primera, un cómic narra las aventuras de un grupo de amigos con diferentes personalidades que se ven envueltos en problemas relacionados con su privacidad y la utilización de sus datos personales.

Los menores tienen que ir contestando a una serie de preguntas sobre estos temas. Por ejemplo, una de ellas es: “¿Un contacto en una red social es lo mismo que un amigo en la vida real?”. Tras elegir la respuesta aparecerá una explicación sobre por qué es adecuada o no, siempre con la frase “Al final tú decides, pero piensa siempre en las posibles consecuencias”.

Asimismo, en esta herramienta los profesores pueden encontrar materiales útiles y precisos para involucrar a los jóvenes en su propia educación en internet. Para profundizar en los contenidos en las viñetas, la página pone a disposición de los docentes unas fichas didácticas con las que se pretende que los menores consoliden las ideas básicas y esenciales que se quieren transmitir. Cada una de las fichas contiene actividades para realizar en grupo, un glosario con definiciones para aclarar la terminología utilizada y consejos de seguridad, así como recursos adicionales para ampliar la información.

Las fichas tratan de asuntos tan relevantes para la actividad de los niños y jóvenes en internet como el uso de las redes sociales, la mensajería instantánea, problemas relacionados con suplantación de identidades o situaciones de riesgo como el ciberbullying. El proyecto se completa con la apertura de un nuevo canal de comunicación (canaljoven@agpd.es) para que jóvenes, profesores, padres, etc., puedan plantear las cuestiones que les preocupen en relación con la utilización y protección de los datos personales de los jóvenes. Este canal se suma al área de atención al ciudadano y la sede electrónica de la AEPD.

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Cuenta atrás para que España apruebe el test de Blanqueo de Capitales

La Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del terrorismo, establecía en sus disposiciones finales un plazo de un año desde su entrada en vigor para la aprobación del Reglamento de desarrollo. Transcurridos más de tres años sin este Reglamento, el Gobierno se comprometió a aprobarlo antes de que finalizara el presente 2013. Sin embargo, y aunque se ha aprobado el Proyecto de Reglamento, actualmente aún continúa en fase de consulta.

La Ley de 2010 es una transposición de la Directiva de 2005, sobre la prevención del blanqueo de capitales, que a su vez tuvo en cuenta todas las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que habían sido revisadas por este organismo en 2003.

Reglamento para el blanqueo de capitales

Próximamente, España se someterá al examen del GAFI, que verificará que la implantación de los estándares establecidos en la Directiva de 2005, y ampliados por la Directiva de 2006, referida a las personas del medio político, se han transpuesto de forma correcta y completa a nuestra normativa. Y es que una mala calificación de este organismo encargado de velar por la lucha contra el blanqueo a nivel mundial supondría un fuerte varapalo para los intereses de España
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Cómo afectará la nueva LGT a la LSSICE

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de septiembre La remisión a Cortes del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (LGT), que ya se encuentra en el Congreso de los Diputados para su tramitación. Esta Ley, de quedar como figura en el Proyecto introducirá una serie de cambios significativos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).

La modificación más llamativa es que, con la nueva norma, no será necesario advertir con las palabras “publicidad” o “publi” en las webs que lleven inserciones publicitarias o en las comunicaciones electrónicas de carácter comercial. El artículo 20 de la LSSI-CE, en su primer apartado, señala: “Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales y la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan también deberá ser claramente identificable. En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente incluirán al comienzo del mensaje la palabra “publicidad” o la abreviatura “publi””.


ECOMMERCE

Según el nuevo texto, los prestadores de servicios de la sociedad de la información ya no tendrán la obligación de identificar la publicidad con estas palabras, aunque no deben quedar dudas del carácter comercial de estas comunicaciones. Sobre todo, de cara a posibles denuncias que los receptores de la publicidad puedan presentar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El proyecto de ley sólo obliga a que “las comunicaciones comerciales sean identificables como tales”.

El remitente de la publicidad debe, además, facilitar al receptor la posibilidad de darse de baja del envío de publicidad mediante correo electrónico u otra dirección equivalente. De esta forma, se amplía la oposición que puede ejercer el usuario al envío de publicidad, que de momento sólo puede realizarse a través de direcciones electrónicas válidas.

En lo relativo a las cookies (herramientas que utilizan buscadores o sitios web para conocer los hábitos de navegación del usuario), desaparece la obligación de que el usuario deba realizar una acción expresa para consentir su instalación cuando se instale o actualice el navegador. Sin embargo, el proyecto de ley mantiene la necesidad del consentimiento general para la instalación de las cookies.

El régimen sancionador también ha sufrido cambios. Una de las novedades es que protege al usuario frente al spam, que pasa a considerarse infracción grave, tal y como señala el texto: “El envío insistente de comunicaciones comerciales al correo de un mismo destinatario será infracción grave”. En cuanto a las sanciones en sí, éstas se moderan al introducir una nueva figura: el apercibimiento. Es decir, antes de la sanción, los órganos competentes podrán apercibir al infractor para que adopte las medidas necesarias correctoras necesarias para que cese en su conducta. Las sanciones también podrán ser rebajadas si el infractor cumple una serie de condiciones.

Finalmente, la Ley de Firma Electrónica también sufre una modificación, al ampliarse de dos a cinco años el plazo de validez de los certificados reconocidos.

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Cómo combatir y prevenir el blanqueo de capitales

La división española de la multinacional especializada en servicios de envío de dinero en todo el mundo, MoneyGram, fue multada el pasado mes de julio por el Gobierno español con 1,05 millones de euros por infracción “muy grave” de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (LPBC). La sanción se enmarca en la llamada ‘Operación Emperador’, que destapó la supuesta trama financiera y de blanqueo liderada por el empresario Gao Ping, en nuestro país.

Según la investigación (el caso se encuentra aún en fase de instrucción en la Audiencia Nacional), gran parte de las remesas enviadas a China desde sus oficinas de Madrid procedían de las redes de blanqueo de la mafia china. La Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales ya había alertado en su día de que MoneyGram no estaba avisando, con la premura a la que está obligada por ley, de las sospechosas cantidades de dinero que se enviaban.

La elevada multa a MoneyGram es por incumplimiento del deber de comunicación a la Autoridad de Control cuando existen indicios de que se están realizando operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Entre las sospechas figuraban las de los propios empleados de la multinacional, que a través de informes internos manifestaron su creencia de que estos envíos estaban relacionados con este tipo delictivo.

La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril) establece una extensa relación de sujetos obligados al cumplimiento de la misma. En dicha relación figuran aseguradoras y corredores de seguros, comerciantes de joyas y arte, servicios y sociedades de inversión, transporte y custodia de fondos, intermediarios financieros, asesores fiscales, contables, jurídicos y mercantiles, entre otros.

Estos sujetos obligados tienen el deber de implantar numerosas medidas, desarrollar diferentes procedimientos internos para dar un correcto cumplimiento de esta normativa, así como realizar comunicaciones periódicas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).

Entre las acciones que se consideran como blanqueo de capitales está la conservación o transferencia de bienes, a sabiendas de que éstos proceden de una actividad delictiva, con el propósito de ocultar su origen ilícito; la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza o el origen de bienes, a sabiendas de que éstos proceden de una actividad delictiva, o la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas de su procedencia ilícita.

Los sujetos obligados deben cumplir con una serie de requerimientos, como son:

  • Medidas de prevención y diligencia debida. Existen medidas normales, simplificadas y reforzadas para detectar operaciones sospechosas. Las reforzadas serían de aplicación para casos de riesgo elevado de blanqueo.
  • Comunicaciones al SEPBLAC. Están obligados a comunicar a este organismo todo posible incumplimiento de la normativa. Si se tratan de indicios, cuando se detecten; y sistemáticamente realizarán comunicaciones de forma periódica al propio SEPBLAC. Las entidades de crédito están sometidas a más control por representar un mayor riesgo para la prevención del blanqueo de capitales.
  • Colaboración. Los sujetos obligados deben proporcionar al SEPBLAC toda la documentación que se les requiera de operaciones realizadas con clientes. Según la Ley, esta documentación se debe guardar por un plazo de 10 años.
  • Control interno. Todas aquellas medidas de control, gestión, asesoramiento y capacitación interna que deberán aplicar todos los sujetos obligados por la Ley, los cuales, además, se deberán someter anualmente a un examen por un experto externo. El manual de control interno deberá recoger todo lo relacionado con la protección de los datos de los clientes, quienes no estarán protegidos por la LOPD en las comunicaciones confidenciales al SEPBLAC.
  • Formación a los empleados. Una de las principales obligaciones de los sujetos obligados es la elaboración de un Plan Anual de Formación a los empleados que gestionen una actividad inherente al movimiento de dinero. Existen empresas externas que proporcionan servicios de este tipo con excelentes resultados.

Las sanciones por incumplimiento de la LPBC van desde 60.000 euros a 1.500.000 euros o cuantías mayores en función de las infracciones cometidas. Por ejemplo, una empresa puede ser multada con hasta 60.000 euros por omisión de la obligación de identificación del titular; con hasta 150.000 euros por omitir la obligación de aprobar por escrito y aplicar los procedimientos adecuados de control interno; y con hasta 1.500.000 euros por omisión del deber de comunicación por indicio, cuando algún sujeto obligado tenga la certeza o el indicio de que se esté produciendo algún hecho u operación de blanqueo.

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El Reglamento de Prevención del Blanqueo de Capitales listo para su aprobación

El Gobierno se ha comprometido a aprobar antes de que finalice este 2013 el Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Esta norma nació en abril de 2010 con la idea de tener un reglamento que la desarrollara en un plazo máximo de un año. Sin embargo, han pasado más de tres y la Ley continúa huérfana, aunque ya se ha dado a conocer un borrador del texto, lo que da cierta veracidad a las intenciones del Ejecutivo de aprobar el Real Decreto del nuevo reglamento antes de que concluya el año.

La importancia del reglamento reside en que muchas de las obligaciones impuestas por la Ley quedaban supeditadas a su desarrollo reglamentario. De ahí la premura que desde muchos sectores se ha exigido al Gobierno para su aprobación. En contestación a una pregunta parlamentaria formulada por CiU, el Ejecutivo explicó que el proceso de revisión de los estándares internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que se inició en 2010, “aconsejó posponer” la aprobación del reglamento para la ejecución de la norma.

Blanqueo de Capitales - Conversia

La Ley 10/2010 sobre Prevención del Blanqueo de Capitales regula el funcionamiento y coordinación de dos Comisiones, la de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, presidida por el Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y la de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, presidida por el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad.

El borrador sometido a audiencia pública es “coherente”, según el Gobierno, ya que tiene en cuenta las nuevas 40 recomendaciones acordadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI-FATF) para así tratar de evitar los costes asociados a un cambio reiterado de la regulación en esta materia. Durante estos más de tres años sin reglamento ha continuado vigente el Reglamento aprobado por Real Decreto en 1995, por lo que “no se ha producido vacío legal alguno”, señala el Ejecutivo.

La Ley, que traspone la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo, y que ha de desarrollar el reglamento a aprobar este año, regula las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, así como de otros sectores de actividad económica, para el blanqueo de capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito.

La norma establece la obligación de comunicar las operaciones que presenten indicios de estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Asímismo, regula la obligación de comunicación sistemática de operaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) e impone la obligación a quienes deben cumplir la Ley de contar con procedimientos y órganos internos para la prevención del blanqueo de capitales. Ahora, el nuevo reglamento definirá y desarrollará cómo llevar a cabo todo esto.

Por otra parte, la Ley exige a las entidades españolas que establezcan en sus sucursales y filiales en el extranjero procedimientos internos de prevención del blanqueo de capitales y establece un cuadro sancionador común a los distintos tipos de sujetos obligados.

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